El director de la URSEC Nicolás Cendoya habló con Revista Martes sobre la nueva ley de medios y su tratamiento a la interna de la coalición: «Es difícil que todos los actores de la coalición de gobierno se arrodillen al mandato de tres grupos económicos de Montevideo». También habló del proceso que terminó en la asignación de tres canales de televisión que deberán incluirse en la oferta de los cables.

La nueva ley de medios parece ir en el sentido contrario de la vieja ley de medios, que ni siquiera llegó a aplicarse en su integridad
La ley de medios anterior, con sus fortalezas y debilidades, tenía una virtud muy importante que es que colocaba a los derechos de la gente como centro. Esta es una ley que desde la propia exposición de motivos coloco como centro las necesidades de algunas de las empresas del sector, está esa puja hasta filosófica entre el interés general y los beneficios económicos de unos pocos. En cuanto a que no se haya aplicado integralmente, es cierto pero se avanzó mucho, en muchos temas. Están los intérpretes de señas, la promoción de música nacional que se llegó a un altísimo grado de cumplimiento, la reducción de la extensión de las tandas, el hecho de que tengamos tres señales para diversificar voces.
«Es muy importante defender nuestras empresas públicas, pero también es muy importante defender un paradigma que privilegie las políticas públicas como la herramienta de la efectividad de los derechos de la gente».
El proyecto plantea un proceso de desregulación del sector, que deja a la ciudadanía en manos de las reglas de juego del mercado.
Llama la atención que se reduzca la intensidad del control que se hace a la transferencia de medios en materia de lavado de activos, las normas de concentración, como se debilita el control de los grupos económicos y se fomentan los testaferros, la reducción de los espacios para discapacitados. Se deroga un artículo de protección de niños, niñas y adolescentes que inhibía la pornografía, la apología del delito y el narcotráfico, entre otros. Desde el punto de vista de la regulación de los servicios de comunicación audiovisual es un retroceso y va en sentido contrario al espíritu de la ley de servicios de comunicación audiovisual.
El primer borrador de la LUC solo derogaba los artículos declarados inconstitucionales de la ley ¿Les sorprendió el nuevo proyecto o se esperaban algo así?
Se ha manejado con total hermetismo y una falta de transparencia absoluta, se ha dicho que la redacción de este proyecto de ley correspondió a uno de los empresarios de los tres grupos de la televisión de Montevideo. No sabíamos que iba a pasar, estábamos preocupados por la derogación del artículo 56, que impide la propiedad cruzada de los medios con las grandes empresas del negocio de las telecomunicaciones y el acceso a internet. Esto incluye todo aquello que era tremendamente regresivo y agrega nuevas regresividades en materia de derechos.
«Creo que todavía quedan wilsonistas en el Partido Nacional y sectores no riveristas en el Partido Colorado»
¿Hay alguna posibilidad de hacer modificaciones a la ley?
Es una ley que afecta a un montón de colectivos y va a haber tiempo para discutir, creo que van a tener que recibir a los colectivos de sordos y explicar por qué le cortan sus derechos, van a tener que recibir a los colectivos feministas y explicar por qué se desprotege la equidad de género, a los colectivos de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este es un gobierno que está integrado por una multiplicidad de partidos y dentro de esas multiplicidad de partidos, una multiplicidad de sectores. Hay sectores que históricamente han defendido la libertad de expresión, que han articulado propuestas de desarrollo del país. La sala del Sodre se llama Adela Reta, una batllista de toda la vida, la sala Justino Muniz homenajea a un batllista que fue pionero de la cultura. Es difícil que todos los actores de la coalición de gobierno se arrodillen al mandato de tres grupos económicos de Montevideo. Van a tener que responder a sus propios votantes. El artículo 48 está diseñado para perjudicar a Antel y favorecer a los tres grupos de Montevideo, que a cualquier batllista le rechina. Creo que todavía quedan wilsonistas en el Partido Nacional y sectores no riveristas en el Partido Colorado. Es muy importante defender nuestras empresas públicas, pero también es muy importante defender un paradigma que privilegie las políticas públicas como la herramienta de la efectividad de los derechos de la gente. Poder salir a la calle por mi barrio y mirar a la gente a la cara y decir que no estoy traicionando los derechos de ellos para favorecer a tres empresarios que me colocaron en la posición de poder que estoy ostentando.
¿Cuál será el rol de la Institución Nacional de Derechos Humanos con esta nueva ley?
En la lógica de la ley la institución de Derechos Humanos tenía dos roles, uno que le es bien propio que es ser defensoría de audiencia, que se eliminó y el otro fue un problema que tenía que aplicar los controles y se vio desbordada desde el punto de vista burocrática porque necesitas tecnología, recursos humanos, una organización que esté acostumbrada a controlar, que no es el rol de una defensoría. En 2019 promovieron la ley 19.834 que transfirió todo eso, salvo la defensoría de audiencia a la Ursec. A partir de setiembre del año pasado nosotros tenemos esas potestades, que ahora están amenazadas.
La adjudicación de las señales Eutopía TV, TV Libre Multimedio La República y Canal U a pocos días del fin del mandato de Tabaré Vázquez, generó suspicacias. Según El Observador existe un informe de jurídica del Ministerio de Industria que revocaría la adjudicación.

Lo que hicimos fue ejecutar el artículo 117 de la ley para que tres nuevas señales estuvieran presentes con carácter obligatorio en todas las grillas de canales de televisión cable del país, en eso de la diversificación de voces fue un inicio fuerte a la desconcentración de los medios.
La reglamentación de la ley demoró por una decisión inteligente del presidente Tabaré Vázquez, porque si vos escuchabas a los medios de prensa del mainstream, durante los juicios de inconstitucionalidad te decían que toda la ley era inconstitucional, que la corte iba a desaplicar los 202 artículos y la realidad es que la SCJ dijo que hay solo ocho pasajes de artículos inconstitucionales. Reglamentar la ley antes de ese pronunicamiento habría sido un trabajo inútil. Después de las sentencias hubo una demora, se demoraron instancias de participación de la sociedad civil y eso llevó a que el decreto se aprobara en junio y después teníamos la discusión de qué órgano era el que tenía que convocar al concurso, los que pensábamos que tenía que ser URSEC y los que pensaban que tenía que ser la INDDHH, eso se resolvió en pocos meses, salió la ley el 23 de setiembre que decía que lo tenía que hacer URSEC.
«Acá hubo una campaña de desprestigio y tratar de asimilar esto a cosas muy jodidas que pasaron en el pasado y que ninguna administración frenteamplista hizo, como otorgar canales o radios a dedo»
Apenas quedó claro que éramos nosotros, convocamos al concurso, el 10 de octubre del año pasado. La gente dice que salió en febrero, pero hubo 30 días de consulta pública, hubo una audiencia, cualquiera podía hacer sus aportes. Lo que hicimos fue hacer el llamado lo más rápido que los tiempos permitieron. Acá hubo una campaña de desprestigio y tratar de asimilar esto a cosas muy jodidas que pasaron en el pasado y que ninguna administración frenteamplista hizo, como otorgar canales o radios a dedo.
Ahora Andebu presentan un recurso contra la asignación de los canales, cuando la ley dice que ellos no pueden presentarse porque justamente es para nuevas voces. No tiene arte ni parte. Esto es un ataque virulento al procedimiento, pero solo pudieron identificar una cuestión de la forma de aprobación del pliego, y especialmente la selección de las tres empresas con parámetros objetivos, que están en el decreto reglamentario. Incluso un medio notoriamente identificado con la izquierda fue rechazada su prestación por presentarse 18 minutos tarde al llamado.