Mientras la Suprema Corte de Justicia va soltando fallos sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Medios, el Frente Amplio se prepara para discutir qué quedará de ella y varias organizaciones sociales se aprontan para evitar que la ley no quede rebotando entre el Ejecutivo, la Justicia y el poder político de los tiempos electorales.
Foto: Presidencia de la República
El 22 de agosto la Suprema Corte de Justicia emitió su sexto fallo sobre la Ley de Medios, indicando aspectos inconstitucionales en los artículos 39, 56, 60 y 98, con argumentaciones en la línea de los anteriores, entendiendo que la ley 19307 contiene artículos que contravienen el derecho de la libertad de expresión, el derecho de propiedad, el principio de legalidad, y el derecho del debido proceso.
El primer fallo sobre la Constitucionalidad de la ley 19307 fue en abril de este año sobre la denuncia presentada por la empresa Direct TV que recusó 27 artículos. De esos 27, la SCJ encontró violación a la Constitución en cuatro: el artículo 60, que plantea restricciones a la transmisión de contenidos, obligando a que sean de producción nacional y provenir de diferentes productoras, el artículo 55 que limita la cantidad de abonados por empresa, el artículo 39 que establecía la obligación de transmitir por televisión abierta los partidos de la selección en instancias definitorias y clasificatorias y el artículo 98 que permite al Poder Ejecutivo cortar la transmisión de una señal si existen inconvenientes durante los procesos inspección.
A diferencia de otras leyes, que comienzan a aplicarse sin reglamentación, el gobierno optó por suspender ese proceso hasta tanto no tener un panorama claro de qué diría la SCJ sobre los recursos presentados.
“Si bien esta administración aprobará con el apoyo de legisladores del Frente Amplio una ley largamente esperada, será responsabilidad del próximo gobierno su reglamentación, implementación y cumplimiento. Nos referimos a la necesaria ley de regulación de servicios de comunicación audiovisual“, había dicho el presidente Vázquez en noviembre de 2014, luego de ganar las elecciones y dando luz verde a la aprobación, postergada en el Parlamento explicitamente por el período electoral. Las declaraciones fueron realizadas antes de que se presentara el primer recurso de inconstitucionalidad, que llegó a la SCJ en marzo de 2015.
Entre el 23 de diciembre de 2014, cuando la ley fue aprobada en el Senado, y el primer recurso presentado, el Ejecutivo trabajó en la reglamentación hasta tenerla “casi pronta”, según señaló el propio mandatario en marzo de 2015. Semanas después, tras conocer la presentación de los primeros recursos-los presentados por Direct TV y Pablo Mieres- Vázquez optó por esperar. “Esperaremos a lo que dictamine la Suprema Corte de Justicia y luego estudiaremos el camino a seguir”, había dicho el primer mandatario al diario El Observador.
En las últimas horas, la ministra de Industria Carolina Cosse anunció que la Ley de Medios no será reglamentada hasta que no se conozca el último fallo, sobre los 22 recursos presentados. Justificada o no-podría plantearse la necesidad de culminar con el estudio de todos los artículos cuestionados- la posición del gobierno constituye otra excepción para el tratamiento de esta ley, dado que es usual que ante algunos fallos de la SCJ, el legislativo y el ejecutivo actúen en consecuencia.
Ante esta situación, diferentes organizaciones sociales, entre ellas el PIT-CNT y Coalición por una Comunicación Democrática alertaron de la necesidad de tener una definición al respecto y dar curso a la aplicación de la ley, en los artículos que siendo recusados no fueron objetados por la SCJ.
“Se podría avanzar en la aplicación de artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que la Suprema Corte de Justicia ha declarado constitucionales y que no necesitan reglamentación, como la transmisión en TV abierta de los próximos partidos de la selección uruguaya de fútbol en las Eliminatorias a Rusia 2018 o el inicio del proceso para crear el Consejo de Comunicación Audiovisual y designar el Consejo Honorario Asesor de Servicios de Comunicación Audiovisual”, señalaron y que la “parálisis” de Ministerio de Industria “implica, más allá de sus intenciones, beneficiar los intereses de los principales grupos mediáticos que buscan revertir o al menos demorar la aplicación integral de la Ley”.
La Coalición también advirtió que podrían presentarse nuevos recursos como una estrategia para postergar su aplicación más allá de diciembre de 2016, fecha en que la SCJ prevé culminar con esta primera tanda. Además, sostienen que en 2017 será “muy difícil avanzar en cambios” debido a la cercanía del período electoral.
Por su parte, el PIT-CNT emitió un comunicado en las últimas horas en el que expresa su preocupación principalmente por el resguardo del monopolio de Antel, refrendado en dos oportunidades por el voto popular.
Sin mencionarlo, el comunicado hace referencia a la decisión de la SCJ vinculada al artículo 56 en que se considera inconstitucional la limitación a los operadores de servicios de comunicación audiovisual ser titulares totales o parciales de permisos o licencias para prestar servicios de telecomunicaciones, de telefonía o de trasmisión de datos, considerando que contraviene el principio de libertad de expresión establecido en el artículo 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El secretariado ejecutivo del Pit-Cnt se declara en Estado de alerta ante la posibilidad de que, nuevamente, debamos iniciar acciones diversas para frenar el accionar de las multinacionales de las Telecomunicaciones e impedir su propósito de destruir nuestra empresa”.
Más allá del resultado y habida cuenta de las políticas o los derechos constitucionales que han quedado por el camino en los últimos años, cobra pertinencia preguntarse si es la Constitución o somos nosotros.