Más de 9000 mujeres marcharon en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en el que reclamaron por el cumplimiento de la ley de lactancia materna y denunciaron despidos por maternidad y acoso laboral. Por Julia Goulart desde Asunción
El foco de la marcha-en la que también participaron algunos hombres- fueron reclamos puntuales sobre legislación laboral y énfasis en la situación que viven mujeres y hombres de poblaciones indígenas, expulsadas de sus tierras por el gobierno, para utilizar las tierras para monocultivo de soja.
Paraguayas de distintos frentes sociales marcharon organizadamente por las estrechas calles del centro, entre autos estacionados y esperando en varias esquinas a que las fuerzas policiales cesaran el cruce de autos.
Distintos movimientos, como el de mujeres trans, mujeres campesinas e indígenas, afro paraguayas, lesbianas y bisexuales y el sindicato de empleadas domésticas, entre otros, elevaban pancartas con reclamos específicos de su frente social, en una convocatoria que ha venido creciendo en los últimos tres años, por el trabajo y la organización de activistas feministas y el fervor regional.
Mientras que la consigna central fue “Ore rembiapo ovale” (“Nuestro trabajo vale” en guaraní) denunciando la estruendosa brecha salarial, los abusos y acosos en el ámbito laboral y los despidos por maternidad así como el “sistemático incumplimiento de la Ley de Lactancia Materna (ley n°5508/2015)” según indica la proclama leída al culminar la marcha en la Plaza de la Democracia.
Otro punto fuerte de la proclama fue la inminente necesidad de un Estado laico, donde cuestiones que hacen a la moral religiosa no tengan injerencia en las decisiones de los legisladores, mandatarios y jerarcas de la medicina: #NiñasNoMadres fue una de las consignas más vistas en carteles y pancartas.
El momento más intenso de la jornada lo protagonizaron mujeres indígenas de la comunidad Tacuarí, al tomar el micrófono y pedir a las compañeras feministas y a la población en general apoyo y solidaridad para su pueblo, que acampa a modo de protesta en la Plaza de Armas frente al Congreso desde diciembre, cuando fueron expulsados violentamente del predio que ocupaban por fuerzas militares, custodiando el terreno que habría sido alquilado para el cultivo de soja transgénica.
Según denunciaron, varios integrantes de la comunidad Tacuarí murieron desde que instalaron en la plaza, por inanición, falta de acceso al agua potable y malas condiciones sanitarias. Además, un hombre fue asesinado por un vecino de la zona.