José Mujica y las 16 medidas del MPP

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Reducciones salariales, concursos de ingreso, imposición de ocho horas, aumento de impuesto para cargos de confianza y el ensanchamiento del Jardín Botánico son algunas de las medidas planteadas por el sector del ex presidente José Mujica. Quieren prohibir pases en comisión para docentes, enfermeros y policías.

Foto: Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay

“Tenemos la responsabilidad histórica de defender la política, como aquella actividad que asumen hombres y mujeres movidos por la vocación de ser servidores públicos, comprometiendo su esfuerzo en pos de la construcción de soluciones a los problemas de las y los ciudadanos”, señala el documento que fue presentado por el ex presidente José Mujica.

1- Establecer una Ley General de Sueldos del Estado Uruguayo. Se establecerá a texto expreso que el sueldo más elevado de la República Oriental del Uruguay, será el del Presidente de la República, y a partir de allí se configurará la escala general de Sueldos, luego vendrán los salarios de los Intendentes, Ministros, Presidentes y Directores EEAA y SSDD, Subsecretarios, Directores Generales de Secretaría, Directores de Unidades Ejecutoras, etc. Es inadmisible, que en una República existan sueldos públicos, mayores al del Presidente de la República, y a partir de allí, se deberá establecer la escala jerárquica de salarios. Debemos tener en cuenta, que el presupuesto de algunos Gobiernos Departamentales es atendido en un 70% por fondos provenientes de Rentas Generales. Asimismo, debemos discutir cuál debe ser la estructura de cargos a nivel Departamental. Ya que creemos que debe existir una relación entre el número de población y extensión del territorio, conforme a parámetros establecidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

2- Establecer por Ley Nacional un Sistema Democrático de Ingreso a la Administración Pública Uruguaya (entendiendo Estado en sentido amplio – léase también Gobiernos Departamentales, Poder Judicial, Tribunal Contencioso Administrativo, etc.), donde los cargos presupuestales serán provistos por Concurso, similar al sistema instaurado para la Administración Central a través del Uruguay Concursa.

3- Creación por Ley de un Impuesto Especial del 15% a todos los Cargos Políticos y de Particular Confianza. Lo recaudado con este impuesto será destinado a Viviendas.

4- Establecer por Ley que cada Ministro de Estado, no podrá tener un número superior a 5 Adscriptos y un Secretario. En este sentido, si bien nos consideramos que la posibilidad de contratar adscriptos y secretarios permite elevar la calidad de la gestión, también entendemos necesario disponer dicha reducción, para utilizar los excedentes a finalidades sociales.

5- Modificar el sistema de los pases en comisión. Estableciendo en primer lugar la reducción de 15 a 10 para el Presidente de la República; de 10 a 5 para Ministros de Estado e Intendente Departamental, de 5 a 3 para Legisladores Nacionales; en segundo lugar, por la importancia de la función, prohibir los pases en comisión de Maestros y Docentes; Enfermeros y Médicos, Policías del sub-escalafón ejecutivo y Militares. Asimismo, las autoridades solicitantes, con excepción del Presidente de la República, deberán fundamentar adecuadamente cada solicitud de pase en Comisión.

6- No devolución del excedente del FONASA a los cargos políticos y de particular confianza, disponiendo por ley que su destino será utilizado para financiar el Fondo Nacional de Recursos. Es necesario ampliar las prestaciones de dicho Fondo e incluir la compra de medicamentos de alto precio que hoy no forma parte de las prestaciones. A pesar de la clara necesidad, entendemos también que es un fuerte reclamo por parte de nuestra sociedad, que debemos atender.

7- Establecer por Ley que los cargos políticos y de particular confianza, son cargos full time, explicitando que por tareas que se realicen dentro de la República Oriental del Uruguay, no podrán cobrar viáticos ni compensación alguna. En relación a los viáticos que reciban los funcionarios públicos que se desempeñen en misiones oficiales en el exterior del país, se reducirá al 50% del monto establecido por Naciones Unidas.

8- Eliminar la partida de Prensa que cobran los Legisladores, disponiendo por trasposición de rubros, que su destino será hacia el PLAN CEIBAL u otra finalidad social. Asimismo, se dispondrá que no se adquieran periódicos en ninguna repartición del Estado, ya que los funcionarios podrán adquirir con sus recursos los medios que deseen leer y los hábitos fueron modificados con el desarrollo de los periódicos digitales. Por tratarse de recursos destinados a la información de los legisladores, nos parece oportuno reorientar este esfuerzo hacia el Plan CEIBAL, en el entendido que estos recursos permitan darles más oportunidades de aprendizajes a los niños y niñas del Uruguay.

9- Eliminar el subsidio de un año para los cargos políticos y de particular confianza, estableciendo que se les aplicará las mismas reglas que el Seguro de Paro de los Trabajadores de la actividad privada, un subsidio por un plazo máximo de 6 meses. Asimismo, se establecerá que a cada cargo político o de particular confianza, tendrá un subsidio por período de Gobierno.

10- Establecer por Ley Nacional, que se le devolverá al Jardín Botánico, parte del padrón que oportunamente fue apropiado con destino a la Residencia Presidencial. Proponemos transformar la residencia de Suarez en una Escuela de Jardinería y viverismo, dependiente de la UTU y unido al Jardín Botánico de Montevideo.

11– Establecer un Nuevo Sistema Para el Régimen de Donaciones Especiales, para las empresas contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas e Impuesto al Patrimonio. Se optara por establecer un sistema donde la empresa done, conforme a la normativa vigente (obteniendo los mismos beneficios), pero, en vez de selección de becas educativas, destinado a estudiantes de bajos recursos y del interior del país.

12- Instaurar por Ley un nuevo régimen jurídico, donde se establecerá el destino de las ganancias de las empresas públicas, un porcentaje irá a Rentas Generales; un porcentaje se reinvertirá para que siga produciendo y prestando adecuadamente el Servicio Público; y por último un porcentaje que vuelva a sus propietarios – los usuarios. Todo esto sin perjuicio de la necesaria reinversión para su mejora tecnológica que le permita mejoras de eficiencia de su actividad comercial.

13- Instaurar legalmente la obligación de informar en cada instancia presupuestal al Parlamento Nacional, los estados contables de las personas públicas no estatales, los organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado y las personas jurídicas cualquiera sea su naturaleza y finalidad en las que el Estado participe.

14- Establecer legalmente, que todas las fincas e inmuebles vacíos de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, irán con destino a la Cartera de tierras y Viviendas. Se ordenará que en un plazo de 90 días se realice un inventario general, donde los bienes que no tengan destino específico se desafectarán y pasarán a la órbita del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a los efectos de utilizar el stock de fincas y bienes inmuebles públicos que no están siendo utilizados. Así como también alentamos a los gobiernos departamentales a tomar las mismas medidas. Asimismo, se establecerá que los bienes inmuebles rurales en poder de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, pasarán al Instituto Nacional de Colonización, como forma de apoyar las políticas públicas que procuran promover el desarrollo rural, mediante la creación de modelos económico-sociales innovadores, de manera de demostrar que la colonización es una vía que aporta a dignificar las condiciones de vida de las familias rurales.

15- Establecer como obligación, que los cargos políticos y de particular confianza tengan que presentar una declaración y certificación de la DGI y BPS de estar al día con sus obligaciones tributarias. A su vez, se establecerá sin excepciones el levantamiento del secreto bancario para quienes ejerzan cargos políticos y de particular confianza.

16- Proponer la reducción de los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, que hoy tienen un directorio compuesto por 5 miembros a 3, y los de 3 a 1, con excepción de los electivos. Por la importancia del sector de actividad excluimos la Administración Nacional de Puertos, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones y a la Junta de Transparencia y Ética Pública

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