Derechos humanos, Libertad de expresión, educación y derechos laborales son algunos de los temas que preocupan.
En el encuentro participaron organizaciones vinculadas a derechos afro, migrantes, derecho de las mujeres, ciegos, discapacidad, libertad de prensa, derechos del niño y el adolescente, derechos de personas privadas de libertad y sindicatos.
Además participaron como miembros observadores representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Organización Internacional para las Migraciones.
“El objetivo de la institución fue convocar a diferentes organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales ya se habían pronunciado sobre diferentes aspectos de este anteproyecto, con el objetivo de facilitar y favorecer un diálogo entre las organizaciones, fue servir de lugar de encuentro para que las organizaciones pudieran poner en común sus distintos puntos de vista, y luego poder elaborar un ayuda memoria”, comentó a Revista Martes el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Juan Faroppa.
Faroppa señaló que la Institución aún no ha tomado posición sobre la LUC y adelantó que lo hará recién cuando esta sea un proyecto de ley.
Consultado sobre cuáles fueron los aspectos mencionados por las OSCs que participaron, Faroppa planteó que además de las preocupaciones sobre aumento de penas, modificación de procedimiento policial y derecho de huelga se habló sobre el impacto negativo para la formalización de los trabajadores las modificaciones a la ley de inclusión financiera.
“Las organizaciones tanto de migrantes como de jubilados y pensionistas valoraban mucho esa herramienta como una protección para los trabajadores, también las organizaciones por los derechos de las mujeres hicieron referencia a este tema, por la marcada feminización en el trabajo doméstico. Se hicieron planteos como que la bancarización favorecía la formalización de los trabajadores”, señaló.
Otro de los temas planteados por organizaciones que trabajan con migrantes fue las modificaciones al régimen de alquileres y la posibilidad de acortar plazos para desalojos: “Una de los principales brechas que existen en Uruguay respecto a los migrantes es el acceso a la vivienda, la posibilidad de ser engañados por intermediarios es muy grande”, comentó.
Los representantes de FENAPES y oscs vinculadas a la educación plantearon su preocupación por la autonomía de los consejos de la educación y las reformas a la ley de educación, sin la participación de los trabajadores.
Por su parte Lilián Celiberti, integrante de la Articulación Feminista Mercosur y Cotidiano Mujer, planteó que las organizaciones rechazaron el mecanismo de Ley de Urgencia para tratar temas que merecerían un mayor nivel de debate, al tiempo que señalaron con preocupación el avance del sector privado sobre el público.
En materia de libertad de expresión se cuestionó los artículos vinculados al uso de la fuerza, el desacato por ofensa y la criminalización de la protesta, además del derecho al olvido que fue planteado como una amenaza a la libertad de expresión y la portabilidad numérica, que es considerado un ataque directo a Antel, dado que es el que tiene mayor cantidad de clientes. |
La INDDHH realizará una relatoría con lo planteado en la jornada y luego que el proyecto ingrese al Parlamento organizará una jornada académica abierta al público con especialistas en los diferentes temas que trata la LUC.