El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública registró en el último año 49 casos de amenazas a la libertad de expresión, en su mayoría se trata de restricciones al accesos a la información, pero también hay retrocesos vinculados al marco normativo, principalmente la Ley de Urgente Consideración y agresiones directas.
Según el informe presentado en el Día Internacional de la Libertad de Prensa entre 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 hubo 29 restricciones al acceso a la información por pedidos rechazados, no contestados o respondidos de manera incompleta o parcial. Presidencia fue el organismo que más pedidos rechazó.
También registraron cuatro casos de restricciones a la libertad de prensa generadas por el marco normativo y ocho casos de agresiones o amenazas directas, entre ellas la amenaza de muerte recibida contra el periodista Gabriel Pereyra en junio de 2020, amenazas contra el periodista Gerardo Basorelli por difundir un video que afectaba a la hinchada de Peñarol, el despido de la periodista Sandra Canio luego de hacer una entrevista a un dirigente sindical, las amenazas contra el periodista Pablo González de La Voz de Melo tras entrevistar a un candidato a la Intendencia de Cerro Largo y la expulsión de una periodista y un camarógrafo de la movilización del 8 de marzo.
Además hubo tres fallos judiciales restrictivos de la libertad de prensa, dos casos de abuso de poder estatal y dos en los que se registro discurso estigmatizante, uno de ellos sufrido por la periodista Ileana Da Silva por una cobertura sobre ollas populares.