El Gobierno aumentó el lunes la presión sobre la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) presentando cuatro demandas de juicios de responsabilidades por supuestos hechos de corrupción contra la exgobernante transitoria, quien pasaba su primer día en detención preventiva en La Paz.
«Esta mañana se han presentado cuatro proposiciones acusatorias en relación a graves hechos de corrupción que se dieron durante la gestión del Gobierno de facto presidido por la señora Áñez», anunció en conferencia de prensa el ministro de Justicia, Iván Lima.
Las nuevas demandas fueron presentadas en la sede central de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad sureña de Sucre, horas después de que una jueza de La Paz enviara a Áñez y a dos de sus exministros a reclusión preventiva por cuatro meses en espera de juicio penal ordinario por el llamado «caso golpe».
La primera acusación contra Áñez y su gabinete se refiere a la aprobación supuestamente ilegal por 15 años -mediante decreto y sin proceso de contratación- de una ampliación de la administración del registro nacional de empresas concedida actualmente a una asociación privada.
La segunda demanda busca sanción por un crédito de 347 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), que el Gobierno de Áñez firmó y recibió en cuentas del Banco Central sin tener la requerida autorización previa del parlamento.
Esta acusación, que apunta a Áñez y los tres ministros de Economía que tuvo durante su administración, busca un resarcimiento de daños porque el actual Gobierno, que no usó el crédito, lo devolvió al FMI pagando intereses y un diferencial cambiario por un total de casi 25 millones de dólares.
Lima dijo que en la tercera proposición acusatoria contra Áñez el Gobierno estaba coadyuvando a ciudadanos que fueron encarcelados por supuestamente violar un decreto que limitaba la libertad de expresión durante la pandemia de covid-19, castigando como delitos contra la salud a algunas informaciones y comentarios en redes sociales.
La cuarta demanda fue presentada en nombre de ciudadanos que radicaban en Chile y fueron impedidos de ingresar de vuelta a territorio boliviano.
«Lo que esperamos ahora es que la justicia actúe, que la Asamblea Legislativa (parlamento) pueda llegar al consenso necesario para tener dos tercios, de lo contrario los casos quedarían archivados y las víctimas quedarían sin justicia», dijo el ministro.
Añadió que estaban en preparación otras posibles demandas contra Áñez por iniciativa de familiares de las víctimas de las masacres ocurridas durante los primeros días de la administración transitoria. (Sputnik)
Bolivia: expresidenta Jeanine Áñez enfrenta nuevas demandas del gobierno de Arce
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