El nuevo gobierno democrático de Bolivia, presidido por el socialista Luis Arce tras un año de caótica transición, asumió este domingo con promesas de unidad para afrontar una crisis económica sin precedentes en cuatro décadas y el colapso provocado por la pandemia de covid-19.
La Paz, 8 nov (Sputnik).- «Gobernaremos con responsabilidad e inclusión representando a todas y a todos, afrontando cambios necesarios con el objetivo de que Bolivia vuelva a la senda de estabilidad lo antes posible», dijo Arce en su discurso inaugural tras jurar al cargo en el parlamento.
La asunción de Arce y su vicepresidente indígena David Choquehuanca, marcó el retorno al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS), tras un año de Gobierno transitorio presidido por Jeanine Áñez, quien se autoproclamó en el cargo luego del derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019.
Cuatro jefes de Estado, cancilleres y otros altos representantes de una quincena de países y organismos internacionales asistieron al inicio de gestión del nuevo gobierno masista, surgido de las elecciones generales del mes pasado, ganadas por Arce con 55,1 por ciento de los votos.
A las celebraciones no asistieron Morales, quien todavía alistaba su regreso desde el exilio en Argentina, ni Áñez, retirada desde el día anterior en su natal departamento amazónico de Beni, en espera, según dijo, de un eventual juicio de responsabilidades ya planteado por el parlamento.
Desafíos
«Venceremos a la pandemia (y) triunfaremos sobre la crisis económica como ya lo hemos hecho en años anteriores porque somos un pueblo luchador, perseverante y valiente», aseguró Arce.
El nuevo presidente, quien fue ministro de Economía durante 12 de los 14 años de las pasadas gestiones de Morales, señaló que la crisis económica actual no podía ser atribuida solo a la pandemia sino que se originó tras el golpe del año pasado, cuando el Gobierno de Áñez liberalizó la política económica.
Bolivia pasó así de ser el país de mayor crecimiento en la región en la década pasada al que sufre ahora la caída más grave del Producto Interno Bruto -menos 11,1 por ciento en el primer semestre-, con graves aumentos del desempleo, la pobreza y la desigualdad, dijo.
Esta situación fue causada en gran parte, indicó, por la paralización de las inversiones públicas y un mal manejo fiscal que redujo las reservas internacionales y aumentó el endeudamiento interno hasta niveles comparables solo con los de una crisis de hiperinflación de la década de 1980.
El mal manejo de la pandemia de covid-19 que ha golpeado a Bolivia, país de 11,6 millones de habitantes, con más de 142.000 contagios y casi 9.000 decesos hasta este fin de semana, con una tasa de letalidad de 6,2 por cada 100 contagios, la más alta de la región, solo ha agravado la crisis desatada por el golpe, sostuvo.
Añadió que frente a ello la recuperación de la democracia, a través de las recientes elecciones, representaba un «retorno de la esperanza» para reconstruir la economía «con estabilidad, certidumbre, inversiones públicas, redistribución del ingreso y reducción de las desigualdades».
Arce no dudó en definir varias veces como anticonstitucional al Gobierno de Áñez, que la ahora exgobernante defendió como «sucesión constitucional», y sostuvo que la instalación del nuevo Gobierno representaba el restablecimiento de una democracia para todos y no excluyente.
«La población boliviana votó por la paz y la estabilidad, la esperanza y la dignidad, el reencuentro entre todos. Ese voto de 55 por ciento no es de Luis Arce ni de David Choquehuanca, es producto de la conciencia de un pueblo que no quiere libertad para unos cuantos sino para todos», insistió.
El nuevo presidente, un economista postgraduado en el Reino Unido y docente de la universidad pública de La Paz, rompió en lágrimas cuando hizo una pausa en su discurso para rendir homenaje a las víctimas de la represión del Gobierno de Áñez contra manifestaciones anti-golpe a fines del año pasado.
Al menos 37 civiles murieron durante la crisis política de 2019, que dejó también casi un millar de heridos y otros tantos detenidos, según un informe aprobado recientemente por el parlamento como base para proponer un juicio de responsabilidades contra Áñez, por delitos de lesa humanidad.
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