Un estudio presentado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, concluyó que si bien existen coincidencias entre la evolución de la oferta de Airbnb en Montevideo y el mercado inmobiliario, no puede concluirse que la afecta significativamente.
El estudio fue presentado por Martín Sprechmann, Docente del Centro Universitario Regional del Este y de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República.
Sprechmann explicó que si bien la oferta es estacionaria y coinciden en sus altibajos con el sector hotelero, no puede concluirse que lo haya afectado significativamente y agregó que hay una zona de Montevideo que no está cubierta por el sector tradicional y al que sí llega Airbnb, principalmente los barrios de Palermo, Parque Rodó y Cordón.
El estudio abarcó la oferta de Airbnb en Montevideo entre agosto del 2015 y noviembre del 2018 donde hubo 5712 propiedades en la plataforma.
Los usuarios que tiene una sola propiedad son el 78.4% de las personas que ofertan y tienen la mitad de las propiedades, mientras que la otra mitad está en manos del 21.6%, aunque buena parte de ellos tienen solo dos viviendas en oferta.
Las cámaras presionan al gobierno para cambiar regulación
El abogado Julio Facal, socio del estudio Yelpo y Facal, asesor de la Cámara de Turismo y de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Punta del Este y la Cámara Inmobiliaria de Maldonado informó a Revista Martes que hay dos proyectos que están siendo estudiados por la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, uno que fue presentado por la diputada del Partido Nacional Elizabeth Arrieta y otro presentado por el legislador del Partido Independiente Andrés Carrasco.
El proyecto presentado por Carrasco junto con la asociación de hoteles y restaurantes de Punta del Este busca visualizar la vivienda turística como un producto turístico.
“La idea es que todo aquel particular que tiene en sus manos una vivienda destinada a turistas, tiene obligaciones especiales para con ese turista. Se crea esa nueva modalidad de alojamiento que es la vivienda turística, debe inscribirse en el registro del Ministerio de Turismo y hay una serie de obligaciones para los propietarios de esas viviendas”, señaló.
En cuanto al proyecto presentado por Arrieta, Facal expresó que busca regular la situación del particular que hoy no paga impuestos porque no quiere dárselo a una inmobiliaria para arrendar.
“Hoy las inmobiliarias tiene solo el 5% del alquiler de temporada, el 95% no pasan por inmobiliaria porque se lo dan a Airbnb así no pagan impuestos. Este segundo proyecto lo que hace es que aquel que no tiene habitualidad y profesionalidad, igual tiene que registrar su vivienda pero no en el Ministerio de Turismo porque no es tipo hotel, sino en el registro departamental, lo que permite a las intendencias saber dónde se alojan los turistas, que se regularicen los planos de construcción, estar al día con la contribución inmobiliaria y el que se registre indudablemente va a tener que pagar el IRPF”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado Javier Sena dijo a Revista Martes que el sector necesita un marco legal que le habilite cumplir los nuevos roles que la ley le marca: “Lo que estamos haciendo acá, es tratando de armar este proyecto para que sea viable, que el Estado cobre lo que tiene que cobrar y las multinacionales también paguen”.
“En Maldonado hay 429 empresas registradas en el ministerio de turismo y son las únicas habilitadas para hacer alquileres y venta en el departamento de Maldonado, el resto son ilegales al Estado le está faltando su labor de contralor y policía para hacer que estas empresas se pongan en regla”, agregó.
Sobre este punto la Revista Martes consultó al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri quien señaló que se está trabajando para continuar avanzar en una normativa.
“Uruguay es uno de los pocos países que tiene normativa para tributación de aplicaciones de este estilo, fuimos pioneros en eso. Las aplicaciones en general están tributando y estamos avanzando para que todos estén en pie de igualdad, quienes brindan los servicios de manera tradicional y quienes lo hacen a través de aplicaciones”, afirmó.